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Hace unas semanas, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia categórica en materia de gratuidad en el acceso a la Educación Superior estableciendo que dicha política pública debía focalizarse en todos aquellos estudiantes que se encontraban en la misma situación, es decir, en la vulnerabilidad. Distinguir entre aquellos que están en idéntica condición, es una infracción grave al principio de igualdad y no discriminación arbitraria expresamente protegido por la Constitución. Por ello declaró la inconstitucionalidad de la glosa presupuestaria del Gobierno referida a la gratuidad.

Supuestamente con el objeto de subsanar los errores evidenciados por el Tribunal Constitucional, el Gobierno presentó un proyecto de ley corta de gratuidad en la Educación Superior, para que –como dice la misma iniciativa legal- “sea el mérito y no la capacidad económica lo que defina las oportunidades de los jóvenes en nuestro país” comenzando por los jóvenes más vulnerables de los cinco primero deciles. Asimismo, para asegurar un mínimo de calidad, la Presidenta Bachelet señala que “no podemos financiar cualquier institución. Nuestro sistema de Educación Superior adolece de un alto nivel de desregulación que ha permitido que existan instituciones de muy baja calidad”.

 

Claudia Nogueira diputada sobre Educación Superior“Nuestro sistema de Educación Superior adolece de un alto nivel de desregulación que ha permitido que existan instituciones de muy baja calidad”, diputada Claudia Nogueira.

 

Sin embargo, nada de ello se cumple. Por el contrario, se reafirma la discriminación arbitraria en el acceso a la gratuidad de la Educación Superior entre los más vulnerables. Por un lado, porque hoy bajo el imperio de esta iniciativa legal se da la injusticia de que dos estudiantes, igualmente competentes y con vulnerabilidad económica, van a tener una diferencia arbitraria en el acceso a la gratuidad la Educación Superior, dependiendo si su opción es técnica o profesional. Así, si cursa en una Universidad, el Estado le financiará gratuitamente su educación, pero si lo hace en un Establecimiento Técnico, no será así. Y es que el Gobierno deja afuera completamente a los alumnos vulnerables de los Centros de Formación Técnica y a los Institutos Profesionales sin justificación alguna.

Por otra parte, la iniciativa legal tiene un doble discurso en materia de calidad para los alumnos más vulnerables, discriminándolos nuevamente, toda vez que a una Universidad no Estatal, se le exige un mínimo de 4 años de acreditación para que sus estudiantes vulnerables puedan acceder a la gratuidad. En cambio para las Universidades no Estatales, no se les exige requisito alguno en materia de acreditación para que sus alumnos vulnerables accedan al beneficio ¿Exigimos o no calidad para todos? Parece que el Ejecutivo no quiere.

Así las cosas, el Gobierno insiste majaderamente en discriminar arbitrariamente a en el acceso a la gratuidad en la Educación Superior, perjudicando a los más vulnerables y desobedeciendo el fallo categórico del Tribunal Constitucional.