Ya van 30 días desde que se inició el Paro del Registro Civil. Con más de 1.400.000 trámites pendientes y problemas como largas esperas de madrugada, incertidumbre en el paradero de los documentos, imposibilidad de casarse, inscribir a sus hijos recién nacidos o renovar su cédula de identidad, miles de personas a lo largo y ancho de nuestro país esperan una pronta solución.

Y es que en esto –al igual que en otras cosas pero especialmente en este tema- el Gobierno ha sido especialmente negligente. Y es que todo esto se podría haber evitado si tuviésemos autoridades responsables que se comprometieran con lo que verdaderamente pueden, y que cumplieran lo pactado. Lamentablemente, nada de esto ha ocurrido.

El 5 de agosto del año pasado, el Ministro de Justicia de la época, actual Ministro de Defensa, José Antonio Gómez, firmó un protocolo de acuerdo con la Presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz, en el que el Gobierno se comprometía a una serie de beneficios económicos en favor de los funcionarios del referido servicio. Promesa que hasta la fecha no se ha cumplido y que ha provocado todo el caso nacional.

La actual Ministra de Justicia, y ex Ministra del Trabajo, Javiera Blanco, ha pretendido poner mano dura en esto, permitiendo el reemplazo de los trabajadores, por medio de funcionarios de otras reparticiones. Lo paradójico es que para el sector privado paralelamente el Gobierno le está imponiendo a las empresas, la prohibición absoluta de reemplazos de los trabajadores en huelga, evidenciando un doble estándar que agrava más el conflicto de fondo.

Pero aún más, las negociaciones actuales no han dado ningún fruto y las afirmaciones de que todos los servicios que presta el Registro Civil estarían funcionando el lunes pasado, fueron sólo palabras que se las llevó el viento.

Hoy el Gobierno no sabe qué hacer, porque también podría haber hecho efectivo el Estatuto Administrativo que prohíbe expresamente la huelga para los funcionarios públicos con las respectivas responsabilidades administrativas en caso de quebrantamiento. Pero entraría en una contradicción vital e ideológica porque hace tres años, cuando similar problema se le produjo al ex Presidente Piñera, la Nueva Mayoría en pleno salió a respaldar a dicho Servicio.

Así entonces, vemos que el Gobierno se encuentra absolutamente perdido, dando palos de ciego, y con una negligencia impresentable que afecta lamentablemente a miles de chilenos y chilenas.