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Tres jóvenes del área de Justicia Penal Adolescente fallecieron entre 2011 y 2014. Deficiencias en la infraestructura y sumarios inconclusos perduran en un servicio colapsado.

Fuente: La Tercera

Tras la muerte de Lissette en el centro cerrado Galvarino, por causas que aún se investigan, el rol que cumple el Estado mediante el Servicio Nacional de Menores (Sename), en la protección de niños y niñas con problemas judiciales, ha sido cuestionado.

Este deceso no es el primero que ocurre dentro del Sename. A través de la Ley de Transparencia, La Tercera consultó a este organismo sobre el número de menores muertos, en distintas circunstancias, al interior de los hogares de protección estatal.

La respuesta del director del Sename, Hugo Herrera, afirma que son tres casos. Sin embargo, aclaró que “sólo se podrá entregar datos correspondientes al año 2011 en adelante, toda vez que de los años previos no se cuenta con el detalle de la información necesaria”.

Según Herrera, Quillota, Til-Til y Talca, son las comunas donde fallecieron los menores: Juan, Sergio y Daniel. Todos infractores de ley, a diferencia de Lissette, quien pertenecía al departamento de protección del Sename.

En el caso de Juan, de 17 años, su historia estuvo marcada por ingresos y egresos a la red. Se suicidó el 1 de marzo de 2013 en el Centro Semicerrado de Limache.

En 2008, a los 14 años, entró por primera vez al Sename por un robo con intimidación. El tribunal ordenó que fuera destinado al Centro de Medida Cautelar Ambulatoria de Quilpué. Luego, en 2009, un robo con violencia generó su envío a un Centro de Internación Provisoria, en Limache. De ahí en adelante, según señala la bitácora de ingresos, Juan entró a 10 distintos centros del servicio en la Quinta Región. Los delitos con violencia e intimidación se repitieron.

Tras su muerte, Norma Olea, su madre, junto al diputado PPD, Rodrigo González, interpusieron una querella criminal denunciando que, a pesar de presentar esquizofrenia y depresión, Juan, “fue enviado a la sala de castigo con sus cordones puestos”, dijo su mamá.

El caso fue sobreseído ante falta de pruebas. No hubo responsables.

El historial delictual de Sergio, quien falleció en 2014 a los 18 años, en Talca, es similar al periplo de Juan por el Sename. En 2012 entró al Programa de Libertad Asistida Especial, en Linares, tras siete pasos por centros del Maule. Debía cumplir una condena de tres años por el delito de robo en lugar habitado. Según consigna el registro del caso, Sergio falleció a raíz de asfixia por ahorcamiento.

Si bien todos los episodios involucran a adolescentes infractores de ley, los problemas psiquiátricos habrían influido en el comportamiento de los menores. Al respecto, la diputada Claudia Nogueira señaló que “vemos con preocupación que de los 19.430 menores que ingresaron en 2015 a dicho servicio, sólo 2.547 estuvieron en programas de Apoyo psicológico, es decir uno de cada siete menores, una falencia del sistema”.

Infraestructura deficiente

El tercer caso ocurrió en 2013, en la denominada “cárcel modelo” de Til Til. Allí, Daniel (17) falleció tras recibir 18 puñaladas de parte de sus pares. Al igual que Juan, dos robos con violencia y uno con intimidación fueron las causas de sus tres estadías en centros del servicio, dos de ellas en Cerro Navia.

Daniel presentaba problemas de adicción a drogas, por lo que estaba en tratamiento en un centro de salud mental de Pudahuel. Pocos días después de su muerte, la Defensoría Penal Pública cuestionó la infraestructura de la cárcel para menores, denunciando que habían cabañas que se estaban hundiendo y por ello eran inhabitables.

Dos años después, Pablo Aranda, jefe de la Unidad de Defensa Especializadas de la Defensoría Penal Pública, dijo que “a pesar de todos los esfuerzos que se realizan en esta materia, el Centro de Internación provisoria norte y sur (Til Til y San Bernardo), aún carecen de medios para realizar plenamente la función socioeducativa para la integración social de los adolescentes, para la cual fue diseñado”.

Desde el Sename enumeran las inversiones hechas en el recinto, que incluyen: una piscina, habitaciones para personal de Gendarmería, instalación de medidor de agua potable, cubierta en patio de acceso de visitas y adquisición e instalación de gabinete red húmeda.

En este caso, como en el de Talca, los sumarios todavía no concluyen. Solo en el CRC de Limache se ejecutaron diez sumarios que, como resultado, arrojaron dos suspensiones, dos absoluciones, cinco multas y una censura.