Fuente: La Tercera

Hace 25 años, Chile firmó la Convención sobre los Derechos del Niño en la cual se comprometía expresamente a que “los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado”. El año 2015 hubo 14.245 atenciones de niños en Centros Residenciales dependientes directa o indirectamente del Sename. Lamentablemente, esa protección especial no es tal. Ya conocimos la trágica noticia de que en los últimos 10 años han muerto 185 niños en dependencias del Sename lo que evidencia la crisis terminal que atraviesa la institucionalidad de protección de la niñez y las graves vulneraciones a los derechos humanos de estos niños.

No hay duda de que este es un problema de Estado, pero la actual administración de la Presidenta Bachelet ha tenido en su actuar una negligencia inexcusable en la protección.

En primer lugar, es insostenible que hayan pasado más de dos años y aún no exista un proyecto de ley que suprima el Sename y cree dos servicios especializados: uno de Protección y otro de Reinserción Social para infractores de ley, con recursos y personal altamente calificado que no sean fruto de un cuoteo político. Se dirá que se presentará luego, sin embargo, lo insólito, es que el expresidente Piñera ya el año 2012 presentó una iniciativa legal, proyecto que fue tramitado hasta enero del 2014 y que el actual gobierno lo tiene durmiendo en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados desde esa fecha.

En segundo lugar, muchos de estos niños han pasado una vida institucionalizados, vulnerándose el principal de derecho de todo niño a tener una familia. Lamentablemente, la actual ley de adopción que data del año 1999, es absolutamente insuficiente puesto que los procesos siguen siendo extremadamente burocráticos y eternos, complejizando la efectividad de este derecho. El anterior gobierno, en el 2013, presentó una reforma integral al sistema de adopción, adecuándose a los más altos estándares internacionales. Sin embargo, la Presidenta Bachelet ingresó una indicación sustitutiva que luego cambió radicalmente, haciendo que finalmente se paralizará la discusión del proyecto por lo nocivo de la misma. Hoy ni siquiera se está analizando.

En tercer lugar, la actual administración presentó, como el inicio de la solución de todos los problemas, el proyecto de ley que crea el Sistema de Garantías de la Niñez, sin embargo, dicha iniciativa ha sido objeto de múltiples críticas de la sociedad civil, los mismos parlamentarios y sobretodo de la Corte Suprema que en un hecho pocas veces visto, solicita expresamente suspender su tramitación en cuanto a la protección administrativa y judicial de los derechos, parte fundamental del proyecto.

En cuarto lugar, el derecho a una defensa judicial de niños, niñas y adolescentes vulnerados es prácticamente inexistente, debido a los escasos programas pilotos y la insuficiencia del sistema de curador ad litem que poco o nada puede hacer. Para supuestamente poder abarcar esta falencia, se presentó por el actual gobierno el proyecto de ley que crea la Defensoría de la Niñez, iniciativa que no sólo no ha sido vista ni una sola vez en el Congreso, sino que no contempla realmente la representación judicial de niños vulnerados, salvo casos excepcionales, siendo en su esencia un ente observador y meramente administrativo.

Finalmente, hoy el Sename cuenta con 1.623 programas y proyectos de adopción, protección de derechos y justicia juvenil, sin embargo, hay graves falencias en la evaluación en los distintos niveles en que se implementan dichos programas y su verdadero impacto en los niños, lo que impide determinar avances en la materia.

El gobierno no puede seguir siendo diagnosticador del problema, debe pasar a la acción con medidas urgentes y bien hechas, que cambien de una vez por toda la realidad de los niños más vulnerables, ellos los necesitan.